Salvador Seliva
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el 16 de desembre de 2010 la Ley de Responsabilidad Social Empresarial.
Esta es la primera comunidad autónoma que se dota con una normativa específica sobre esta materia. (existen diferentes acuerdo en diversas autonomías, pero esta es la primera que se convierte en ley)
Algunas de las cuestiones más destacadas es que la norma establece que para que una empresa sea calificada como “socialmente responsable” deberá elaborar un informe social, que tiene que ser aprobado por el órgano estatutario de la empresa que apruebe las cuentas anuales del ejercicio.Además, estos informes tendrán que ser trasladados, previamente a su aprobación, a los representantes de los trabajadores, para que, en el plazo de 45 días, proceda a su examen y, si lo estiman oportuno, a la emisión de una valoración del mismo.En cuanto a la calificación de “Empresa socialmente responsable” será competencia de la consejería que tenga asumidas la materia de Trabajo, y la empresa tendrá que presentar tanto la memoria de sostenibilidad como el informe emitido por los trabajadores.También se afirma que con el desarrollo de un reglamento se “regulará la homologación de las calificaciones como empresas socialmente responsables otorgadas por otras comunidades autónomas, por la Administración General del Estado o por otros estados u organismos internacionales”, para atribuirle los mismos efectos en cuanto la obtención de subvenciones y eventual contratación con las administraciones públicas extremeñas.Las empresas que cuenten con este certificado pondrán acceder a ayudas públicas para financiar gastos ocasionados en la adaptación de las medidas desarrolladas para su configuración como empresas socialmente responsables, y tendrán en caso de empate prioridad en la adjudicación de contratación pública.Está prevista la creación de un registro público de empresas socialmente responsables de Extremadura, así como la constitución de un Consejo Autonómico para el fomento de la Responsabilidad Social en el que estarán representados las administraciones, las organizaciones empresariales, los sindicatos, y otras organizaciones e instituciones de reconocida representatividad en estos ámbitos.La ley incluye también un título sobre la responsabilidad social en el sector público para lo que se integrarán enfoques de RSC en los sistemas públicos de gestión de lo público, se fomentará la inversión socialmente responsable, entre otras iniciativas.
