RSE indicadores

Es necesario que la nueva generación de indicadores nos ayude a tener una mejor identificación de los grupos de interés y del rol que han de ejercer en la RSE, pero sobre todo profundizar y concretar el papel que ha de desempeñar los trabajadores/as y sus representantes.Sin participación de los trabajadores/as, sin transparencia, la RSE pierde credibilidad.

 (Salvador Seliva)

Es  necesario tener indicadores más precisos y detallados

El Global Reporting Initiative anunció hace días la puesta en marcha del proceso de elaboración de su nueva generación de indicadores G4. ComunicaRSE entrevistó a Nelmara Arbex Vicepresidenta de GRI y a cargo del proyecto de actualización para conocer de primera mano un anticipo de cuáles serán los principales cambios en las directrices globales de RSE más importantes. Indicadores más precisos, comparables y nuevos temas como Protección de la Biodiversidad y Discapacidad. Conexión con Pacto Global y Directrices OCDE. Indicadores Clave de Desempeño y Sección de Reportes Integrados para inversores y ambientalistas. Cambios en los sistemas de calificación y validación se destacan como las principales novedades.

1- ¿Qué cambios fundamentales tendrá la nueva serie de indicadores G4 con respecto a G3.1? 

Este no es un punto totalmente claro en este momento, ya que estamos iniciando el proceso. El objetivo de GRI es tener indicadores más precisos, actualizados conforme a los últimos desarrollos en las diversas áreas, con protocolos más detallados que la versión G3.

También esperamos que nuevos temas del campo de la sustentabilidad estén representados, como protección de los mares e inclusión de personas con discapacidad. Pero no solamente los indicadores precisan de atención especial, imaginamos que vamos también a discutir la necesidad de rever los principios de otras partes de las directrices.

La conexión con el Pacto Global y las Directrices OCDE también van a ser enfatizadas, y probablemente, un incluiremos un capítulo especial para profesionales del las áreas de inversión y reportes integrados será incluido.
Pero como se dice, estas son recién ideas iniciales.

2- ¿Cómo será el proceso de revisión y quiénes formarán parte de él? ¿Tiene este proceso diferencias con anteriores revisiones como la del G3? 

El proceso será multistakeholder como siempre, pero esta vez queremos dar más atención a la organización del período de consulta pública dados los antecedentes, para tener una participación más efectiva de todos los grupos de al menos un grupo importante de países.

Queremos también pensar bien las preguntas que irán a consulta pública, pues tenemos la intención que sea menos técnica y más relacionada con el contenido y la extensión de los relatorios por sectores.

3- ¿Cómo se avanzará hacia la "armonización" y "comparabilidad" de los indicadores? Una de las novedades anunciadas 

La armonización tiene que ver con la revisión editorial, más también con la asociación estratégica con otras organizaciones presentando Indicadores Clave de Desempeño para empresas, en nombre de grupos específicos como inversores y ambientalistas. Queremos que las directrices sean realmente una referencia para las empresas para preparar sus reportes que satisfaga sus necesidades de rendición de cuentas y transparencia, incluidas las organizaciones que recién mencioné y otras con las que estamos dialogando.

La comparabilidad es un tema difícil ya que los auditores nos dicen que aún con definiciones más precisas, las empresas siempre tienen especificidades, notas al pie, en sus medidas y explicaciones que hacen difícil la comparabilidad, pero queremos avanzar lo máximo que podamos en la claridad de las definiciones para que esto avance.

4- ¿Que modificaciones tendrá el G4 en lo referente al objetivo de "Reportes Integrados" para 2020 anunciados por GRI? 

El comité internacional que GRI ayudó a fundar, el IIRC, está comenzando a explorar una estructura o marco que pueda servir de directriz para que las empresas comuniquen de forma integrada su performance financiera y extra financiera. Pero el foco de esta iniciativa es el profesional del mercado, el invasor. El G4 tendrá como te dije antes, una sección dedicada a esta cuestión orientando a las empresas en cómo utilizar nuestras directrices y a seguir las directrices IIRC si las empresas así lo desean. Este también será un ejercicio de armonización.

5- Por último, ¿habrá algún tipo de cambios en la escala de auto calificaciones o en la manera en que GRI valida los reportes que usan sus indicadores? 

No lo sabemos todavía. Pero es probable. Seguro formará parte de la discusión.

Nelmara Arbex es vicepresidenta ejecutiva del Global Reporting Initiative (GRI). Nelmara ingresó en la Secretaría del GRI en julio de 2006 como Directora para el Aprendizaje y Servicios. Ella es responsable de desarrollar el programa y el contenido del Departamento de Servicios de Aprendizaje, que apoya a los periodistas y usuarios de informes en el uso de la Guía del GRI.

Nelmara se unió al organismo, con una amplia experiencia en materia de responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible. Fue Gerenta de Responsabilidad Corporativa de cosméticos Natura, Brasil entre 2003 y 2006, y Directora de Conocimiento y Relaciones Internacionales en el Instituto Ethos de Brasil desde 2001 a 2003. Ha colaborado y es co-autora de varias publicaciones, incluyendo libros, manuales y documentos de investigación.

Nelmara tiene un doctorado en Física Teórica de la Universidad de Marburg, Alemania (1997) y ha participado en muchas actividades sociales y políticas de diferentes organizaciones civiles. En la actualidad es autora del blog de sostenibilidad http://www.sustentabilidadecompimenta.com.br

La ley de transparencia, papel mojado¿

Cada vez que algún periodista pregunta a Soraya Sáenz de Santamaría sobre los escándalos de corrupción que acechan al partido del Gobierno, como el reciente caso Bárcenas, la vicepresidenta saca pecho y el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, a partes iguales. Pero el redactado actual de la norma, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, está muy lejos de ser un instrumento efectivo que permita el acceso real de los ciudadanos a la información sobre todos los órganos y administraciones públicas y las empresas subvencionadas o adjudicatarias de contratos.

En paralelo a las comparecencias que acaban de arrancar en la comisión del Congreso, reunimos a un grupo de expertos que lleva años trabajando para exigir una mayor transparencia y apertura de las administraciones públicas. Todos coinciden en que la ley es poco más que papel mojado, en que nace vieja y viciada y en que su principal carencia es que excluye de su ámbito de aplicación a partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas adjudicatarias de contratos públicos… Para ellos, una mala ley es peor que la ausencia de normativa. “Una vez esté aprobada es muy difícil que se mejore”, advierte Javier Pérez, del proyecto Avizor, una plataforma de monitoreo de la actividad parlamentaria enfocada al tratamiento que dan los diputados a la pobreza y el desarrollo. “Esta ley es como si tuvieras un Seat Panda y le pones la pegatina de un Porsche”, añade Daniel Montero, periodista de investigación y autor de libros como La Casta. El increíble chollo de ser político en España.

¿Una ley de transparencia real habría evitado esta sangría de corruptelas? ParaVictoria Anderica, de Access Info Europe (una asociación independiente que trabaja por conseguir que la información pública llegue a la ciudadanía), sí. Y pone un ejemplo. Ellos reclamaron, en 2006, información sobre las cuantías recaudadas a través del canon digital y sobre qué se hacía con ese dinero. El Gobierno se la negó. Unos años después, Teddy Bautista, entonces director de la SGAE, fue detenido por desvío de fondos y apropiación indebida.

Pero la vigilancia ciudadana -o periodística- debe ser un “procedimiento secundario de control”, en palabras de Montero, que cree que la prioridad es mejorar el sistema de fiscalización del estado, que “no funciona”. “Es peligroso decir que hemos de sustituir esos mecanismos por la fiscalización ciudadana”, añade. Pérez está de acuerdo, pero considera que un acceso abierto a la información puede ser “disuasorio” para determinadas conductas. O, dicho de otra manera, “siempre habrá gente que robe pero tienes que ponérselo lo más difícil que puedas”, como argumenta David Cabo, fundador de la plataforma ciudadana Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia informativa y la apertura de datos y que está detrás de proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas y, junto a Access Info Europe, ha puesto en marcha la plataforma Tu derecho a saber, que permite a cualquier persona lanzar una pregunta a la administración y realizar un seguimiento a la vista de todos de la respuesta (si es que la hubiera).

Desde Tu derecho a saber han lanzado, además, una campaña de recogida de firmas para exigir que la ley de transparencia incluya, entre otros, a los partidos políticos. Ya llevan más de 150.000 firmas. Para Soraya Sáenz de Santamaría. “la ley de transparencia es un buen antídoto contra la corrupción”. En eso, la vicepresidenta coincide con este dream team de la transparencia. El problema es que tienen concepciones muy distintas sobre el significado de la palabra.

El derecho a la información como derecho fundamental

El principal problema de la norma, tal y como está planteada, es que no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, como explica Anderica. Si el derecho no va acompañado de ese rango, tiene todas las de perder ante una estricta ley de protección de datos (la española es la más exigente del mundo, según Montero) y su ámbito de aplicación se limita a lo que marca la ley: administración general del estado y empresas financiadas con más del 50% de dinero público. El resto queda fuera, empezando por los partidos políticos, pese a que todos intentan abanderar esa transparencia en cada una de sus declaraciones.

¿Y las empresas que reciben dinero público a través de subvenciones o adjudicaciones? Para Guzmán Garmendia, que fue Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra y puso en marcha la única ley de transparencia que existe en toda España, la nueva norma tiene que ser “valiente de partida” e incluir a cualquier empresa que haya recibido un contrato público o que cuente con un solo euro de subvención. La realidad es bien distinta. De hecho, ”nuestro registro mercantil es el que da menos información de toda Europa”, según Montero. “Si pides una beca o una ayuda familiar sólo falta que te reclamen un análisis de sangre. En cambio, la opacidad de las empresas que reciben licitaciones es absoluta”, resume Pérez.

Para que la ley sea efectiva, además, es necesario que a la Agencia Estatal de Transparencia, un órgano cuya creación está implícita en el anteproyecto, se la dote con fondos suficientes y de una independencia real con respeto a los gobiernos de turno para poder llevar a cabo esta tarea. Por el momento, como denuncia Anderica, poco sabemos de esa agencia. Su papel, además de sancionar a las administraciones que no cumplieran con el deber de transparencia, debería ser limitar qué aspectos deben ser públicos y cuáles no por razones como la protección de datos personales o la seguridad del estado, por ejemplo. El problema es que, hasta el momento, es el Gobierno quien decide qué se hace público y qué no.

La petición de información por parte de un ciudadano y, sobre todo, la respuesta administrativa, debe ser rápida, gratuita y sencilla, porque “la información caduca”, argumenta Anderica. Algunas de sus peticiones han tardado años en obtener una respuesta y las más, directamente, no han sido atendidas. En su opinión, ese es el problema principal de la implementación de la ley navarra de transparencia, que nació con muy buen pie pero que en su puesta en práctica está reclamando a los peticionarios requisitos como el poco extendido DNI electrónico o certificado digital, dirección código postal y teléfono.

Otro de los errores de bulto que comete el anteproyecto es que excluye de la mirada pública información auxiliar como borradores, informes, la agenda del Gobierno… Es decir, todo aquello que da forma o sustenta las decisiones políticas. En ese sentido, Vicky Bolaños, de Qué hacen los diputados (un proyecto de vigilancia y exposición pública de la actividad parlamentaria), reclama un registro de lobbys:“Deberíamos saber no sólo los contenidos de los trabajos en comisiones y plenos, sino con quién se reúnen los diputados, qué han hablado y a qué compromisos han llegado”. Y Cabo añade, en la misma línea: “Las decisiones políticas tienen que estar basadas en hechos y esos hechos tienen que ser públicos. No vale con aprobar una ley con unos parámetros, es necesario que haya informes públicos en los que se explique en qué se ha basado el Gobierno, por ejemplo, a la hora de poner en marcha una normativa”.

Para Garmendia, además, el error más grave del redactado actual es que apenas se mencionan términos tecnológicos cuando, a su parecer, “la transparencia está íntimamente ligada a la revolución tecnológica”. Esta omisión no es banal: “Que no se mencionen implica que se está descartando una relación directa con la ciudadanía”.

Una tramitación opaca

La gestación de la norma no hace sino confirmar los peores augurios. Lo primero que hizo el Gobierno fue redactar el anteproyecto. Posteriormente puso en marcha una consulta pública de la que, en contra de cualquier respeto básico por la transparencia que debería postular la norma, no conocimos los resultados. Entonces, se añadieron al redactado sólo las sugerencias que eran acordes al espíritu de la ley. Hace unos días llegaron las aportaciones de los expertos a través de la comisión parlamentaria. Para Garmendia, el proceso debería haber sido justamente el contrario, de arriba a abajo: primero se consulta a expertos y a la sociedad civil y luego se redacta la ley.

Hasta el momento, han participado en la comisión parlamentaria el presidente de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez; y dos miembros de la organización Transparencia Internacional: Antonio Garrigues Walker y Jesús Lizcano. No se han hecho públicos aún quiénes serán los siguientes comparecientes. Son, para Cabo, unos expertos demasiado “institucionales”. “Han elegido a gente que no representa las demandas que la sociedad civil les ha realizado por muchas vías”, añade Anderica, que critica la opacidad del proceso.

¿Por qué los gobiernos, de cualquier color, siguen poniendo barreras al acceso ciudadano a la información y los datos públicos? Montero considera que es una actitud paternalista que nace de menospreciar a la ciudadanía. Jacobo Elosua, fundador de Civio, está de acuerdo. “Sucede lo mismo que con las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), permiten a la gente participar pero no en las cosas importantes”. El problema es que esta actitud está agrandando aún más la distancia y la desconfianza entre los ciudadanos y los gobernantes. “Cuando dejan una zona en la oscuridad te imaginas lo peor”, concluye Cabo.La Marea.

Avanzando poco a poco sobre la transparencia y la participación.

Son pasos que cuestan mucho llevar a la práctica, porque la mayoría de las empresas, piensan más en el marketing corporativo, que en la RSE como un valor intrínseco de la empresa. (Salvador Seliva)

El Parlamento Europeo presentó una nueva propuesta sobre RSE

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El pasado 28 de enero de 2013, se dio a conocer una Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo “sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible”, emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos. La propuesta, alineada con la política europea de RSE, quiere llevar el debate más allá del enfoque voluntario vs. obligatorio y llama a dialogar por medidas normativas. A la vez, advierte sobre la multiplicación de diversos marcos locales. Considera que al evaluar la RSE de una empresa se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de valor.

Según Richard Howitt,  Ponente de Opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,  el proyecto destaca que la responsabilidad social no puede ser un mero instrumento de marketing, y que la única manera de desarrollar plenamente la RSE es integrarla en la estrategia global de la empresa y aplicarla y hacerla realidad en sus operaciones y su estrategia financiera cotidiana.

Además, en el documento se le pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan códigos de gestión corporativa que reflejen la importancia de la responsabilidad de todos en la empresa y que establezcan un estrecho vínculo entre los resultados financieros de la empresa y su comportamiento en materia medioambiental, social y de derechos humanos.

Subraya que la actual crisis económica mundial tuvo su origen en errores fundamentales en relación con la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad y en una visión a corto plazo, y que la UE tiene el deber de velar por que todas las partes implicadas saquen las lecciones pertinentes.

"Es necesario situar el debate sobre la RSE en un contexto más amplio que, conservando una orientación fundamentalmente voluntaria, permita el diálogo sobre las medidas normativas, siempre que sea posible", expresa el papel parlamentario.

Considera que la gobernanza empresarial constituye un elemento fundamental de la responsabilidad social de las empresas, en especial por lo que respecta a su relación con las autoridades públicas y con los trabajadores y sus asociaciones representativas, y también a la política seguida por la empresa en materia de incentivos.

El proyecto propone que, al evaluar la responsabilidad social de una empresa, se debe tener en cuenta el comportamiento de las empresas pertenecientes a su cadena de suministro y, en su caso, de las empresas subcontratistas.

Sugiere y solicita medidas para reforzar el vínculo entre la RSE, los ciudadanos, la competitividad y la innovación:

-  Pide a la Comisión y a las autoridades nacionales que alienten modelos empresariales innovadores, diseñados para estrechar los vínculos entre las empresas y el contexto social en el que operan;

-  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los debates actuales sobre la revisión de las Directivas de contabilidad y transparencia, de forma que la nueva estrategia de RSE propuesta complemente a la Directiva revisada;

- Subraya la importancia de apoyar soluciones innovadoras que permitan a las empresas hacer frente a los desafíos sociales y medioambientales, tales como la introducción de sistemas de transporte inteligente y productos ecoeficientes que sean concebidos y accesibles para toda la población;

- Alienta las iniciativas de la Comisión destinadas a promover la visibilidad de la RSE y la difusión de buenas prácticas y apoya firmemente la introducción de un reconocimiento europeo a las empresas y asociaciones en materia de RSE; pide a la Comisión, a este respecto, que estudie la posibilidad, en particular, de crear con este fin una etiqueta social europea;

- Acoge con satisfacción la creación de plataformas multilaterales a favor de la RSE y está de acuerdo con el enfoque sectorial elegido;

Un tramo significativo de la Propuesta "rechaza firmemente" el establecimiento de parámetros específicos, como los indicadores de resultados a nivel de la UE, que puedan generar cargas administrativas innecesarias y estructuras operativas ineficientes; pide a la Comisión que, por el contrario, ofrezca a las empresas metodologías internacionalmente reconocidas, como la Iniciativa mundial de presentación de informes (SIC) o las del Consejo Internacional de Informes Integrados, y que promueva su uso. ComunicaRSE

Bruselas publicará la norma sobre informes de RSC antes de abril de 2013

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La Comisión Europea hará pública la propuesta legislativa sobre los informes de sostenibilidad durante el primer trimestre de este año según ha señalado el europarlamentario Richard Howitt, para quien esta propuesta debe servir de marco al que puedan acogerse el mayor número de la comunidad empresarial.

NOticias Sostenibles. - Para Howitt, que participó durante unas jornadas de inversión responsable organizadas por la European Private Equity and Venture Capital Association, la nueva norma puede marcar la diferencia para impulsar el comportamiento responsable de las empresas.

En cuanto al tipo de informe que deben de elaborar las compañías, el eurodiputado británico apuesta por la prevalencia del informe integrado, “que será una norma global en menos de una década”, y en la nueva disposición europea “será un primer paso” para alcanzarlo.

Como embajador del International Integrated Reporting Council, también señaló que la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) hará público el próximo mes de febrero un memorandum en el que se pondrá en valor los efectos de los informes integrados.

Howitt destacó el papel de la transparencia para la recuperación de la confianza en las empresas por parte de la sociedad, pero a la vez se cuestionó si los ciudadanos son capaces de creer los datos que ofrecen. Por esta razón, puso de relieve la necesidad de llevar a cabo un mejor análisis del impacto financiero de la inversión de la desintegración social y la insostenibilidad ambiental.

Corruptors i corromputs


Articulo de Joan Carles Gallego
Secretari General de CCOO Catalunya

La indignación social crece ante los casos de presunto corrupción. Porque detrás está la conciencia de que lo que está en cuestión es la igualdad ante la ley, que es el principio básico de funcionamiento democrático de la sociedad. Corromper o corromperse es "alterar una sustancia volviéndola putrescent, insana", o, en otra acepción, "inducir (un juez u otra autoridad) a obrar ilegalmente" y para ello se necesitan corruptor (que corrompe) y corrupto (corrompido, que se deja o se ha dejado sobornar, pervertir o viciar).
Indigna saber que estamos ante unas prácticas de tráfico de influencias, de favores, de compra de facilidades, etc... Especialmente en momentos donde la mayoría de la sociedad ve como se le arrebatan derechos y aumenta la desigualdad y la pobreza. Parece que quien se ha dedicado a repetir insistentemente la cantinela de "habéis vivido por encima de sus posibilidades" haya tenido todas las facilidades para vivir muy por encima de sus necesidades, sin ética ni moral.
No indignan los "sobres", indigna saber que estamos ante unas prácticas instaladas que se utilizan en beneficio particular y que tienen importantes costes sociales (sean económicos para sobrecoste, opacidad o no tributación o sean en términos de desconfianza en las instituciones).

Es lamentable que en este contexto el Presidente de la CEOE haya hecho unas declaraciones donde ha equiparado corrupción y fraude fiscal a gran escala en "picaresca" del país. No sé si es una opinión personal del presidente de la CEOE o es la traslación de un posicionamiento de las organizaciones patronales que tienen asumido que la forma de hacer negocio en este país es la picaresca. En todo caso parece poco edificante que las organizaciones empresariales no sean beligerantes ante las presunciones de corrupción. Las prácticas de favor, la opacidad en las relaciones con las administraciones, dificulta la mejora de la competitividad de las empresas, ya que la falta de transparencia dificulta la innovación. Desgraciadamente esto explica sobrecostes, retrasos, malos acabados o cualidades, que acabamos pagando la ciudadanía en su conjunto.

El escándalo Bárcenas no puede ser uno más de la lista de casos Naseiro, Millet, Noosa, Pallerols, Mercurio, etc. Corremos el peligro de que la aparición periódica de casos de corrupción y la falta de respuesta política y judicial clara alimenten el descrédito de la política y la desafección hacia todos los políticos. La peor respuesta es seguir instalados en el "todos los políticos son iguales" o "la política no sirve para nada", porque ni es cierto que todo el mundo haga lo mismo, aunque no sea posible cambiar el actual estado de cosas. La corrupción no es el estado natural del país, sino que es el resultado de unas prácticas que se basan en una opción política, pero también de unas prácticas y opciones empresariales. Se puede superar legislando y dotando de instrumentos de control y de inspección suficientes y penalizando convenientemente. Habrá que cambiar las leyes, pero sobre todo las prácticas. Y habrá que asuman las responsabilidades personales y políticas. Desde la impunidad no se creíble la voluntad de cambiar.

Hay que hablar de regeneración democrática pero es necesario también la censura de los protagonistas de estas prácticas y algunas dimisiones, poniendo a disposición de la ciudadanía los cargos por los cuales fueron elegidos. La sospecha de amoralidad y falta de ética de los gobernantes no se soportable democráticamente. No hay corrupción sin corruptos, y estos son tanto los corruptores como los corrompidos.