miércoles, 19 de septiembre de 2012


El 'lobby bancario' insta a España a pedir el rescate
 El director gerente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en inglés), Charles Dallara, ha recalcado que España o Italia deben solicitar el apoyo de un programa de ayuda de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar que fracase el nuevo programa de compra de deuda puesto en marcha por el Banco Central Europeo (BCE).


Salvador Seliva
Me pregunto por qué las instituciones monetarias que deberían velar por el buen funcionamiento financiero, “no se enteran” cuando se avecina un temporal como el que ha producido la crisis financiera internacional y sin embargo se emperran en dar lecciones de cómo gestionar un país, de cómo se debe recortar derechos de la ciudadanía y de cómo hacer rentable las inversiones de los mercados.
Pero sobre todo me pregunto, por qué tanto interés en que España pida el rescate total. Tendrá algo que ver en que la deuda privada (especialmente bancaria) se convierta en deuda pública, así garantizan que los inversores cobren, que la banca no pague y que la deuda la paguen los de siempre los trabajadores, los parados y los pensionistas.

En una rueda de prensa en Pekín, El director gerente del Instituto de Finanzas Internacionales  Mr.Dallara celebró el compromiso adquirido por el BCE al poner en marcha el nuevo programa de compra de bonos por importe ilimitado para rebajar los costes de endeudamiento de los países con problemas en la eurozona, aunque advirtió de que existe el riesgo de que esta medida fracase.
   "El anuncio del BCE fue muy valiente por un lado, pero no servirá de nada a menos que España o Italia soliciten el apoyo de una programa económico de la UE y el FMI", advirtió Dallara.
   Los costes de endeudamiento de España han caído con fuerza desde que el BCE anunciara que estaba dispuesto a comprar bonos españoles, pero las grandes necesidades de financiación antes de acabe al año y una profunda recesión hacen que muchos analistas y políticos crean que solo es cuestión de tiempo que España necesite ayuda.

martes, 18 de septiembre de 2012


Como reacción a la noticia de que la norma ISO 26000 ha recibido los votos suficientes para convertirse en una norma internacional oficial que se publicará por la Organización Internacional de Normalización, la Secretaria General de la CSI Sharon Burrow, expresó su satisfacción. "Esta fue la decisión correcta. La CSI participado en el Grupo de Traba jo que elaboró la norma, así como en el comité de redacción. Estamos satisfechos con el texto ".



A pesar de la CSI no es un organismo de normalización nacional y no podía votar, se ha dejado constancia de apoyar este estándar. La CSI indica que la norma ISO 26000 "contribuirá a una mejor comprensión de la responsabilidad social a través de su aclaración de conceptos importantes. Estamos satisfechos de que este texto ofrece una síntesis completa de las prácticas laborales responsables que sean compatibles con las normas internacionales del trabajo de la OIT."Apoyamos el énfasis dado a los instrumentos internacionales de autoridad en este texto, así como el reconocimiento de que las empresas, como organizaciones, no deben definir unilateralmente los intereses de la sociedad. Sólo la OIT tiene el mandato de establecer normas internacionales que repercuten en el mundo del trabajo ", dijo Burrow. "Además, el apoyo a la ISO 26000 no significa que apoyemos nuevas normas ISO en relación con los trabajadores y sus lugares de trabajo. Las normas privadas no deben convertirse en un sustituto de la política pública establecida a través de procesos políticos democráticos y representativos. "

miércoles, 12 de septiembre de 2012


Empresas y RSE: ordenar la casa

 
Es importante definir qué se debe entender por Responsabilidad Social Empresarial.  De manera habitual se confunde lo que es marketing, acción social, beneficencia o filantropía, con RSE


Empresas con responsabilidad social empresarial (RSE), empresas sociales, inclusivas, comunitarias, con capital social empresarial, corporaciones responsables, negocios inclusivos, empresas sostenibles, responsabilidad empresarial; en fin, éstas y otras definiciones son empleadas en el sector empresarial cuando se identifican proyectos e iniciativas que buscan impactos sociales y económicos en las comunidades y la sociedad.
A pesar de que la mayoría de las iniciativas de impacto social se basan en criterios y objetivos bienintencionados, no necesariamente todas cumplen ese fin; a veces por obra y otras veces por omisión. Al final, mucha gente se pregunta cuáles iniciativas realmente deberían llamarse RSE, cuáles filantropía, cuáles deberían clasificarse como simple marketing comunicacional, cuáles representan negocios inclusivos; y más allá de las etiquetas, cuáles realmente promueven impactos sociales y económicos, medibles y verificables.
Por otra parte, también están las fallas e inconsistencias estratégicas, que  confunden a las comunidades y a la sociedad en general. Por ejemplo, una multinacional de gaseosas que, a pesar de contar con una gran estrategia de RSE, una de sus filiales decidió robar electricidad, modificando y alterando los medidores en sus fábricas. Otro ejemplo es el de una compañía tecnológica global que se abastece de piezas construidas en talleres de Asia que emplean mano de obra infantil. Sobre estas malas o dudosas prácticas, las redes sociales (especialmente Twitter) han empezado a identificarlas y difundirlas bajo la etiqueta #antiRSE.

Uno de los recientes esfuerzos internacionales de clasificación es la llamada ISO 26000, que si bien no representa un estándar certificable como la ISO 9000, define lineamientos para promover mejores prácticas de Responsabilidad Social, no sólo para empresas, sino también para todas aquellas organizaciones interesadas en difundirla.
La pregunta obvia es, ¿cómo hacer para que estos lineamientos sean adoptados de forma más proactiva, decidida y real? En el mundo hay varios ejemplos, por ejemplo en India se discutió una ley que establecía que las empresas destinen el 2% de sus utilidades netas a RSE; pero, la ley no fue aprobada. Otro caso, una ONG en EEUU ha desarrollado un estándar certificable, denominado “Empresas B”, para aquellas compañías interesadas en certificar voluntariamente su impacto social y ambiental. Otros países vienen desarrollando estándares y normas locales para la ISO 26000, que de alguna forma definen los procedimientos a nivel nacional. También está el parámetro Global Reporting Initiative, utilizado para la elaboración técnica y publicación de los llamados reportes de sostenibilidad o memorias de RSE.
Por último, en el mejor interés de las mismas empresas y sus accionistas, es importante ordenar la casa en cuanto a las definiciones sobre lo que debería entenderse por RSE, sobre la forma de medir su impacto, la elaboración y publicación de reportes, y la adopción de normas y estándares internacionales. De esta forma, las empresas podrán definir con mayor precisión cuáles actividades de RSE representan un gasto, y cuáles una inversión; al mismo tiempo que la sociedad se empieza a informar y a diferenciar sobre destacables y dudosas prácticas de RSE.
(comentarios de Daniel Oporto)

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El FROB inyecta 4.500 millones en Bankia para apuntalar su solvencia

Su ratio de capital principal era del -0,1%, frente al 8% mínimo que requiere la normativa en vigor. BFA no cumplía ni de lejos los requerimientos mínimos de capital establecidos por las reformas financieras a todas las entidades para asegurar su solvencia. La matriz de Bankia (Banco Financiero y de Ahorros) lo reconocía en sus cuentas semestrales. Ni siquiera cumplía los requerimientos básicos, establecidos en 2008 por el Banco de España. Anda corta de fondos y necesitaba ayuda urgente. Tanto, que ha obligado al Gobierno a adelantarle parte del capital que recibirá del rescate bancario europeo. El FROB, tal y como estaba previsto, aprobó este lunes una inyección de 4.500 millones de euros para el grupo de Bankia.

La matriz tenía a 30 de junio de 2012 un déficit de recursos propios computables (los que establecen los últimos decretos de saneamiento bancario) de más de 12.800 millones. Y eso sin contar con que, además, antes de terminar 2012, BFA debe constituir un colchón de capital según le exige la reforma financiera de 2.767 millones de euros. Y el 1 de enero de 2012 las exigencias de ratio de capital aumentan al 9%.
El Tesoro aportará 6.000 millones al fondo, que ampliará capital en BFA
La ayuda del FROB llega a través de una operación compleja: El Tesoro, a través de una aportación de deuda pública y liquidez, realizará un aumento de la dotación patrimonial del FROB de 6.000 millones de euros. Con ese capital, el FROB acudirá a una ampliación de capital de 4.500 millones de euros de BFA. Y BFA, a su vez, realizará un préstamo subordinado a Bankia.
A la matriz de Bankia, dada su cartera, la normativa en vigor le exige tener en el primer semestre del año unos de recursos propios computables de, al menos, 12.765 millones de euros, según figura en los resultados presentados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No solo no los alcanzaba, sino que sus recursos se situaban en 83,5 millones de euros negativos. Si se suma a este déficit además el colchón extra de capital que exigido por el decreto de saneamiento del pasado mes de febrero, el grupo necesita en total más de 15.600 millones de euros para cumplir con los mínimos establecidos por las sucesivas reformas financieras. En cuanto a Bankia, el capital principal del grupo ascendía a 7.362 millones de euros en junio, lo que significa que al acabar el primer semestre tenía un ratio de capital principal “del 4,9% frente al 8% mínimo requerido por la normativa en vigor”, reconoce la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri en sus cuentas. También requiere el “colchón de capital exigido por el Real Decreto ley 2/2012”, es su caso, cifrado en su caso en 1.925 millones de euros. En total, por tanto, le faltarían 6.582 millones de euros. “Las cifras del primer semestre lo que demuestran es que cuando el equipo de Goirigolzarri estudió la entidad y dijo que le hacían falta 19.000 millones, no lo hacían por capricho”, señalaron desde la entidad.
Bankia recibirá capital de su matriz con un préstamo subordinado
Ni BFA ni Bankia alcanzan ese 8% de capital que exigen los decretos de 2011 y 2012. Con la ampliación de 4.500 millones tampoco lo harán. Lo que busca la entidad es ponerse al día y cumplir la normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, según la reforma aprobada el pasado viernes. Para entonces, el capital de máxima solvencia exigido se elevará al 9%, asegura la entidad. Para entonces también, teóricamente, los 4.500 millones de euros que ahora le inyecta el FROB se habrán convertido en cerca de 19.000 millones, una vez se haya hecho efectivo el rescate para la banca española llegado desde la Unión Europea. Según el comunicado de este lunes, la cifra exacta que recibirá Bankia será revelada “en las próximas semanas”.
Con la inyección de 4.500 millones de este lunes, aunque no alcanza el nivel futuro del 9% ni el de los decretos de 2011 y 2012, ya se sitúa al menos en niveles que la normativa del Banco de España consideraba desde 2008 aceptables. Según señalaba la comisión del FROB en un comunicado, el objetivo de la ayuda inmediata es el de “restablecer los niveles de capital regulatorio del grupo en tanto se culmina su plan de reestructuración y se garantiza la seguridad de los depósitos y el acceso de la entidad a todas las posibles fuentes de financiación”.
Bankia señaló en mayo que necesitaba en total un respaldo económico público de 19.000 millones. La mayor parte irá destinado a compensar su déficit de capital y a crear los obligatorios colchones para amortiguar el peso del ladrillo. El resto está destinado a compensar las pérdidas que la entidad calcula que tendrá en el segundo semestre del año, ya que, según el plan de viabilidad que Goirigolzarri dibujó para sanear Bankia en mayo, parte del coste de saneamiento, se incluirían en la segunda mitad del ejercicio.


Si yo fuera una empresa RESPONSABLE...


Si yo fuera una empresa RESPONSABLE...




Si yo fuera una empresa RESPONSABLE estaría manifestándome todo el día. Le diría a mis representantes (léase la CEOE, por ejemplo) que, por favor, avisaran a los que nos gobiernan que están equivocándose mucho y nos están enredando el día a día.Claro, sólo si soy una empresa RESPONSABLE, si no lo soy me va perfecto. Yo sé que en España la mayoría de grandes empresas lo son. Al menos eso nos dicen en sus extensos informes de sostenibilidad, o memorias de RSC, o como quieran llamarlo.
10-09-2012 -
Responsabilidad social. - Según la Comisión Europea (281-COM2011) define la RSE: “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. El respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad. Para asumir plenamente su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de:– maximizar la creación de valor compartido para sus propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en sentido amplio;– identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas.La complejidad de este proceso dependerá de factores como el tamaño de la empresa y la naturaleza de sus operaciones. Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, especialmente las microempresas, es probable que el proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo.”
Voy a considerar sólo tres medidas, quizás las más importantes, que se han tomado desde el Gobierno.
a. Se está recortando en Sanidad.Las empresas responsables muestran un gran interés por el desarrollo profesional de sus trabajadores, empleados, profesionales, o sus personas. Se preocupan tanto que incluso les montan días de voluntariado para que colaboren con la gente necesitada. Pues bien, la salud de tus “personas” va a empeorar si no les pagas un sobresueldo para poder permitirse las pruebas del médico. Porque una empresa RESPONSABLE no quiere que sus trabajadores estén preocupados por la salud de su familia ni suya.
b. Nueva reforma laboral.Ahora es más fácil despedir, modificar la situación laboral de un trabajador, lo puedo cambiar de puesto de trabajo, le puedo reducir jornada, sueldo, etc. Pero si yo fuera una empresa RESPONSABLE, y como antes he dicho, me preocupa, y mucho, el bienestar de mis profesionales no quiero que sufran enfermedades relacionadas con esta situación. Además, con el recorte en sanidad… Bueno, si también les reducen la prestación por desempleo, ¿cómo se podría invitar a alguien a abandonar la empresa si no puede cobrar nada o muy poco? Pensando como está la situación, no podría.
c. Recortes en educación.Esto, si yo fuera una empresa RESPONSABLE, es lo que más me preocuparía. ¿Por qué? Las dos anteriores las puedo controlar, más o menos, puedo solventarlas (seguro médico, no aplicando la reforma). ¿Qué puedo hacer con los recortes en educación?La educación de los hijos de mis trabajadores, les puedo ayudar a pagarse un colegio bien, sólo en su parte obligatoria, después que los beque el Santander con su maravilloso programa de colaboración en educación superior. Más o menos, lo vamos arreglando.Pero bueno, el resto de grupos de interés, ¡que se apañen ellos!. He estado hablando de una empresa RESPONSABLE no una fábrica de solucionar problemas.
Aunque claro, si ya fuese MUY RESPONSABLE, y cuando elaborara la matriz de impactos de mis grupos de interés y los temas relevantes, lo haría con un proceso de diálogo. Claro, que al dialogar el proceso nos debería enriquecer a los dos, por lo que nos situaríamos a un mismo nivel, y sería un proceso bidireccional, perfecto y bonito. Después, tendría en cuenta las expectativas de mis grupos y trataría de integrarlas en mi core business. Y a ver, ¿cómo de bajo va a ser el nivel de mis grupos de interés dentro de unos años?Igual debería cambiar de negocio y montar escuelas, hospitales y centros de día para mis grupos de interés. Si eso, cambiamos la definición y volvemos a la anterior: “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 
Menos mal que soy RESPONSABILITO, que tampoco he abusado.

La amnistía fiscal fracasa y recauda hasta julio un 2% de lo previsto para 2012


La amnistía fiscal fracasa y recauda hasta julio un 2% de lo previsto para 2012


El Gobierno ha recaudado 50,4 millones hasta julio gracias la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo, lo que supone solo el 2% de lo que espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Europa Press. La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada con una medida "excepcional y extraordinaria" para el año 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros y aflorar el capital oculto en España. La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
11-09-2012 -
Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre. Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal.
Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia.
Expectativas frustradas
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado a Europa Press que la admisión a trámite del recurso "ha frustrado" las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional. Según Mollinedo, la amnistía no arrancó bien en el mes de marzo porque ofrecía poca seguridad jurídica e iba dirigida a ciudadanos de rentas muy altas o a los administradores de grandes compañías.
La orden ministerial que se publicó tiempo después de aprobar la amnistía mejoró la situación al permitir que se declarara dinero en efectivo, ya que, según Mollinedo, hay 50.000 millones en billetes de 500 euros no declarados. En cualquier caso, el secretario general de Gestha cree que la admisión a trámite del recurso del PSOE dificulta enormemente la posibilidad de que el Gobierno recaude lo previsto.
vozpopuli

El muro de la vergüenza [Mujeres en el consejo de administración]


El muro de la vergüenza [Mujeres en el consejo de administración]




Es conocido el debate entre Clara Campoamor Victoria Kent con ocasión de la votación de la Constitución de 1931 en la que se incluyó por primera vez el sufragio femenino.
Compromiso empresarial. - Victoria Kent era partidaria de que se aplazase la cuestión por entender que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política como para votar responsablemente y su voto sería conservador, lo que perjudicaría a los partidos de izquierdas.
Clara Campoamor le contestó con un vibrante discurso negándose a que “dentro de la Constitución, se eleve, a la manera de los lacedemonios un monumento al miedo”, y defendiendo que “la única manera de madurar en el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos, es caminar dentro de ella”.
Son muchos los que sostienen, como Victoria Kent en su día, que la presencia de la mujer en los consejos de administración es una cuestión de tiempo, de saber esperar; que si la mujer no ha conseguido escalar a esos puestos no se debe a una discriminación encubierta, sino a la falta de candidatas suficientemente capacitadas para ocupar esos puestos; que no se puede imponer por ley a las empresas la elección de sus consejeros; que los avances son lentos pero continuos; que estamos mucho mejor que hace veinte años…
Si, son muchos los argumentos que se ofrecen para justificar una realidad que, por más que se estire la indulgencia, no tiene una explicación convincente. Quizá por esa razón la Unión Europea ha decidido dar un ultimátum al sector empresarial para que corrija estas desigualdades. Las empresas tienen un año para incorporar a más mujeres en puestos de responsabilidad.
Si no lo hacen, ha amenazado la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding (del Partido Popular Europeo), se introducirán medidas más efectivas, es decir cuotas.
Un muro insalvable
Aunque la igualdad ha avanzado en la mayoría de los sectores de la sociedad, las mujeres siguen quedándose estancadas en los niveles medios de responsabilidad de las empresas. De acuerdo con el reciente informe La mujer directiva en España coordinado por Isotes y financiado por PwC (un patrocinador que, aunque presume de apoyar la diversidad, no cuenta con ninguna mujer en su comité ejecutivo, cuando el porcentaje de mujeres de la auditora que prestan servicio directo al cliente es del 51%), “las mujeres representan el 60% de los licenciados en España y el 45% del mercado laboral, pero al llegar a la alta dirección de las compañías este porcentaje desciende entorno al 10%”.
Según los resultados de una encuesta realizada a 850 directivas y recogidos en el informe, las razones de ese “frenazo” son variadas: los problemas de conciliar trabajo y familia, la existencia de una cultura todavía muy machista, el hecho de que las promociones sigan estando en manos de los hombres que terminan eligiendo perfiles similares al suyo y, por último, una menor proyección pública de la mujer, más centrada en el trabajo que en desarrollar relaciones personales.
Se compartan o no esas explicaciones, lo cierto es que no se ha conseguido descorchar el tapón y todos los años se siguen desperdiciando enormes cantidades de talento sea por prejuicios o, simplemente, por mera desidia.
“No se trata –según Lord Davies of Abersoch, ex ministro británico de Comercio e Inversiones y vicepresidente de Corsair Capital– de una simple cuestión de equidad de género”, sino de incrementar el valor de las empresas incorporando al consejo una mayor riqueza de talentos y perspectivas que ayuden a ampliar la visión”. La presencia de las mujeres en los consejos puede contribuir a mejorar el gobierno de unos órganos cuya competencia cada vez es más cuestionada (Vid. Siete mitos sobre los consejos masculinos) y cuya complicidad en la actual crisis económica cada vez más aceptada.
Informes de gobierno corporativo: un brindis al sol
Uno de los principales fracasos en la batalla en favor de la diversidad en el consejo es la absoluta falta de cumplimiento de las recomendaciones del Código Conthe. Si bien el Código Unificado establece que “cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el Consejo debe explicar los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir la situación” (N.19 Código Unificado), y que corresponde a la Comisión de nombramientos velar para evitar en los “procedimientos de selección sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras” y buscar “deliberadamente entre los potenciales candidatos mujeres que reúnan el perfil profesional buscado” (N.20 Código Unificado), la gran mayoría de las empresas no solo ignoran la recomendación sino que omiten la explicación de su incumplimiento en sus informes anuales de gobierno corporativo.
En efecto, si se analizan los informes de gobierno corporativo de las empresas del IBEX, que no cuentan con ninguna mujer en el consejo, o cuyo porcentaje no supera el 10%, se comprueba la absoluta falta de interés por parte de esas compañías por dar explicaciones sobre este tema o, cuando lo hacen, la simpleza de sus argumentos. (Vid. Las recomendaciones más incumplidas).
El incumplimiento de las recomendaciones del Código Unificado no es algo que sorprenda a nadie a estas alturas. No se trata de que las empresas incumplan la recomendación sobre la política de diversidad, es que, simplemente, no cumplen las que no les interesan, como las que se refieren a la información desglosada sobre la compensación de los consejeros, la consulta sobre la propuesta de remuneración a la junta general de accionistas o la fijación de un término prudencial de mandato de los consejeros independientes.
Pero, la experiencia muestra que lo que no se cumple voluntariamente al final termina exigiéndose legalmente. Eso es lo que ha ocurrido con la recomendación de consultar a la junta general de accionistas sobre la remuneración a los consejeros; el reiterado incumplimiento de esa recomendación ha hecho que finalmente se termine imponiendo esta exigencia en la Ley de Economía Sostenible.
La diversidad en la agenda
En cuanto a la obligación de informar de estos temas en las memorias de sostenibilidad o RSC, a pesar de la inclusión de algunos indicadores relativos a género en las Directrices G3 de GRI, lanzadas en 2006, y del reconocimiento global de la importancia de la igualdad de género, las organizaciones que divulgan informes de sostenibilidad raramente suministran muchos datos desagregados por género.
Tres indicadores de desempeño referentes a género se han incorporado a la actual Estructura de Informes de Sostenibilidad de GRI pertinente a todas las organizaciones: 1) Número total e índice de rotación de empleados por edad, género región; 2) Composición de los órganos de gobierno y clasificación de empleados por categoría, de acuerdo con género, edad, adhesión a un grupo de minorías y otros indicadores de diversidad; y 3) Proporción del salario base entre hombres y mujeres, por categoría funcional.
Recientemente, el GRI, junto con el IFC, consciente del creciente peso que las cuestiones de género tendrán en el futuro, elaboró el documento Incluyendo la cuestión de género en los informes de sostenibilidad, en el que desarrolla un conjunto de pautas para informar sobre la igualdad de género en diferentes áreas: gobierno, ambiente de trabajo, cadena de suministro, comunidad e inversiones.
También desde los grupos de trabajo que están impulsando la adopción del “informe integrado” se ha incluido la cuestión de género. Como señala Begoña Morales, responsable de soluciones para la sostenibilidad de Indra (Vid. Mujeres en los consejos, ¿quién pone los límites?): “En el borrador de propuesta del futuro informe integrado dos de los indicadores se refieren a temas de diversidad: el primero a la diversidad en la alta dirección y el segundo a la diversidad en el consejo. En España se está promoviendo que estos indicadores formen parte del informe de cuentas anuales, que se aprueben en la junta de accionistas y que se cumpla el compromiso”.
Cuotas, ¿pero es que alguna vez no han existido?
La mayoría de los argumentos en contra de las cuotas se reducen a uno solo: las cuotas van en contra de la meritocracia o del talento. Sin embargo, esa conclusión no es ni evidente ni lógica.
La exigencia de cuotas da por supuesto que ese talento existe y que no está siendo aprovechado, y por esa razón se requieren medidas, temporales o permanentes, que contribuyan a equilibrar esa situación. Hace ya muchos años que el premio Nobel Amartya Sendistinguió entre las “libertades positivas”, que son las capacidades reales de ser o hacer algo, y las “libertades negativas” que se limitan a no interferir o poner obstáculos. No es suficiente una declaración formal de no discriminación, como realizan las empresas en sus informes de gobierno corporativo, para eliminar las barreras y derribar los muros. Las empresas tienen que empezar a ser juzgadas en función de las capacidades reales (medidas y recursos) que ponen a disposición de sus empleados.
Los informes de gobierno corporativo de las empresas del IBEX al explicar cómo cumplen las recomendaciones relativas a la promoción de la diversidad, se limitan a decir que no aplican ninguna medida discriminatoria, como si esa sola declaración fuese suficiente y se pudiese comprobar. Está muy claro que las medidas voluntarias no han dado ningún resultado porque no ha existido nunca una voluntad de que así fuese. No es admisible que la desidia de las empresas a la hora de informar de estas cuestiones no tenga ninguna consecuencia. Como nos enseña el caso de Noruega (Vid. El caso noruego), “sin sanciones, no hay resultados”.
Por otra parte, la CNMV no puede limitarse a certificar la apatía y la falta de avance en estos temas, aplicando, además, en el análisis de la información que le remiten las empresas una interpretación muy laxa (Vid. La recomendaciones más incumplidas), por no emplear términos más duros.
Por tanto, ¿cuotas? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, como señala Hilde Tonne, vicepresidente deTelenor: “Hemos excluido a las mujeres por más de mil años. Eso significa que las cuotas siempre han existido, aunque, claro, solo en beneficio de los hombres”.

miércoles, 5 de septiembre de 2012


TECNOCRACIA Y POLÍTICA: LA TECNODURA



El libro de Ernesto EkáizerIndecentes, merecería estar en la mesita de noche de toda persona con, al menos, un cuarto de litro de sangre democrática. Se trata, entre otras cosas, de una gran crónica periodística de los grandes acontecimientos económicos que han venido impuestos por la tecnocracia europea en los últimos dos años. En resumidas cuentas, es el relato de la primera demolición de la política por la tecnoestructura. Es decir, dicho sin aspavientos ni remilgos: la derrota de la política por la casta de burócratas que, como es sabido, nadie ha elegido.

A grandes rasgos podríamos decir que las relaciones entre la economía y la política han pasado por etapas diversas: una relativa independencia de la segunda con relación a la primera, la cooptación de la política y, ahora, la gradual eliminación de los espacios políticos. La novedad es que dicha eliminación se hace a cara descubierta y sin ningún tipo de rubor. El momento más llamativo fue cuando los burócratas del dirigieron  a los gobiernos español e italiano LA CARTA SECRETA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. Allí estaban las firmas de Draghi y Fernández Ordóñez.



Como se sabe, la carta (sólo secreta en apariencia) forzaba al gobierno Zapatero a toda una serie de medidas económicas –endurecimiento del acceso a la jubilación, despidos de funcionarios, eliminación de servicios públicos y otras relativas a puntos neurálgicos de la negociación colectiva--  con un inusitado nivel de precisión. Y, en el terreno institucional, ordenaba una reforma de la Constitución  (en el texto en castellano no estaba) que fue seguido a pies juntillas en el acuerdo a tal efecto del PSOE y el Partido popular.  

El ejemplo más reciente es la “sugerencia” de la troika: los griegos deben volver a la semana laboral de seis días. ¿Un planteamiento irracional en un país con una elevada tasa de paro? Por supuesto, pero ese no es el dato. Lo que se plantea es quién manda. Y el mando tiene más sentido cuando lo que   ordena  es irracional.

Así las cosas, la política es la gran perdedora. Todo su sentido se va al garete. Y quien tienen todas las de perder son las izquierdas. Pues los partidos quedarían como meras prótesis de la tecnocracia. Serían meros perifollos. El ágora suplantada por la “oficina siniestra”. La democracia se ha metamorfoseado en, para llamarlo provisionalmente, una tecnodura. Sí, tecnodura: un concepto que enlaza tecnocracia con dictadura.     
(extraido del blog de José Luís López Bulla)