Transparencia pública y códigos de buenas prácticas
Entre las medidas de reforma que el gobierno español ha emprendido para gestionar la crisis económica destaca, entre otras, el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que se encuentra en fase de debate y aprobación. Con este se pretende un triple objetivo: mejorar la transparencia de la actividad pública, garantizar el acceso de los ciudadanos a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Por tanto, se pretende controlar comportamientos "irresponsables", como indica el propio anteproyecto, en relación a la ejecución del gasto público.
Cinco Días.- De las tres medidas contempladas en el anteproyecto, la relativa a la transparencia de la información constituye un eje esencial para las otras dos. La transparencia implica la necesidad de establecer mecanismos de acceso a la información y, además, se configura como un elemento esencial sobre el que fiscalizar el gasto público. Esta transparencia queda reforzada con la utilización de las páginas web de las administraciones públicas como medio fundamental para la difusión de la información (artículo 3.4 del anteproyecto de Ley) y la creación de un Portal de Transparencia (artículo 7) que facilite, entre otra información, la referida a aspectos económico-presupuestarios y estadísticos (artículo 6). Por tanto, la información financiera pública adquiere especial relevancia, ya que incluye gran parte de la información requerida dentro del articulado del anteproyecto.
Este llamamiento a la mejora de la transparencia de las administraciones públicas, basándose en la utilización de las nuevas tecnologías, ha sido desde hace tiempo una preocupación constante en el ámbito de la contabilidad y la gestión pública, tanto a nivel profesional como académico. En este sentido, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha publicado recientemente un documento que contiene sendos códigos de buenas prácticas: uno para la divulgación de información financiera pública en internet y otro para el diseño de los sitios web de las administraciones públicas y la prestación de servicios públicos online. Este documento pretende suplir la ausencia de reglas o recomendaciones concretas que regulen la cantidad y forma de divulgación de la información financiera pública, que ha favorecido que, hasta ahora, las entidades públicas españolas hayan seguido una gran diversidad de prácticas y se hayan posicionado en diferentes niveles de divulgación. Además, su cumplimiento podría ser el complemento perfecto para la ejecución de la futura Ley de Transparencia, en lo que a divulgación de información económico-financiera se refiere, ya que en él se establecen pautas concretas para la divulgación online de información financiera pública.
El código de buenas prácticas propuesto por AECA recoge la necesidad de atender a tres aspectos diferenciados en la divulgación de información financiera pública a través de internet: contenidos a suministrar; características cualitativas de la información divulgada; y accesibilidad a dicha información. Con esta estructura, el documento de AECA pretende proporcionar una propuesta integral enmarcada en el entorno de la difusión de información financiera por parte de las administraciones públicas.
En relación al contenido de la información, dicho documento señala la necesidad de atender a la difusión de cuatro áreas de información principales: información socioeconómica, información presupuestaria, información económico-financiera y, finalmente, indicadores de gestión. Por otro lado, destaca la necesidad de que la información financiera divulgada cumpla determinadas características cualitativas: relevancia, fiabilidad, carácter completo o integridad, oportunidad, comparabilidad y comprensibilidad o claridad. Finalmente, las recomendaciones acerca de la accesibilidad y navegabilidad de la información suministrada pretenden favorecer la creación de un espacio que facilite el acceso y utilización de dicha información, lo que permitiría cumplir con los requerimientos de acceso a la información, tal como pretende el anteproyecto de Ley de Transparencia (artículo 3.4).
En resumen, el anteproyecto de Ley supone un avance importante en la transparencia de las administraciones públicas españolas y podría apoyarse, en su ejecución, en códigos de buenas prácticas ya existentes, que podrían servir como herramientas para su desarrollo. En este sentido, el documento de e-government recientemente publicado por AECA podría ser una herramienta adecuada para dotar de contenido y facilitar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la mejora de la transparencia de la actividad pública y el acceso de los ciudadanos a la información.
Sonia Royo / Manuel Pedro Rodríguez. Profesora de la Universidad de Zaragoza / Profesor de la Universidad de Granada.
Ponentes del Documento AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas).
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