La Brujula de RSE

La ley de transparencia, papel mojado¿

Cada vez que algún periodista pregunta a Soraya Sáenz de Santamaría sobre los escándalos de corrupción que acechan al partido del Gobierno, como el reciente caso Bárcenas, la vicepresidenta saca pecho y el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, a partes iguales. Pero el redactado actual de la norma, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, está muy lejos de ser un instrumento efectivo que permita el acceso real de los ciudadanos a la información sobre todos los órganos y administraciones públicas y las empresas subvencionadas o adjudicatarias de contratos.

En paralelo a las comparecencias que acaban de arrancar en la comisión del Congreso, reunimos a un grupo de expertos que lleva años trabajando para exigir una mayor transparencia y apertura de las administraciones públicas. Todos coinciden en que la ley es poco más que papel mojado, en que nace vieja y viciada y en que su principal carencia es que excluye de su ámbito de aplicación a partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, empresas adjudicatarias de contratos públicos… Para ellos, una mala ley es peor que la ausencia de normativa. “Una vez esté aprobada es muy difícil que se mejore”, advierte Javier Pérez, del proyecto Avizor, una plataforma de monitoreo de la actividad parlamentaria enfocada al tratamiento que dan los diputados a la pobreza y el desarrollo. “Esta ley es como si tuvieras un Seat Panda y le pones la pegatina de un Porsche”, añade Daniel Montero, periodista de investigación y autor de libros como La Casta. El increíble chollo de ser político en España.

¿Una ley de transparencia real habría evitado esta sangría de corruptelas? ParaVictoria Anderica, de Access Info Europe (una asociación independiente que trabaja por conseguir que la información pública llegue a la ciudadanía), sí. Y pone un ejemplo. Ellos reclamaron, en 2006, información sobre las cuantías recaudadas a través del canon digital y sobre qué se hacía con ese dinero. El Gobierno se la negó. Unos años después, Teddy Bautista, entonces director de la SGAE, fue detenido por desvío de fondos y apropiación indebida.

Pero la vigilancia ciudadana -o periodística- debe ser un “procedimiento secundario de control”, en palabras de Montero, que cree que la prioridad es mejorar el sistema de fiscalización del estado, que “no funciona”. “Es peligroso decir que hemos de sustituir esos mecanismos por la fiscalización ciudadana”, añade. Pérez está de acuerdo, pero considera que un acceso abierto a la información puede ser “disuasorio” para determinadas conductas. O, dicho de otra manera, “siempre habrá gente que robe pero tienes que ponérselo lo más difícil que puedas”, como argumenta David Cabo, fundador de la plataforma ciudadana Civio, una organización sin ánimo de lucro que lucha por la transparencia informativa y la apertura de datos y que está detrás de proyectos como ¿Dónde van mis impuestos?, España en llamas y, junto a Access Info Europe, ha puesto en marcha la plataforma Tu derecho a saber, que permite a cualquier persona lanzar una pregunta a la administración y realizar un seguimiento a la vista de todos de la respuesta (si es que la hubiera).

Desde Tu derecho a saber han lanzado, además, una campaña de recogida de firmas para exigir que la ley de transparencia incluya, entre otros, a los partidos políticos. Ya llevan más de 150.000 firmas. Para Soraya Sáenz de Santamaría. “la ley de transparencia es un buen antídoto contra la corrupción”. En eso, la vicepresidenta coincide con este dream team de la transparencia. El problema es que tienen concepciones muy distintas sobre el significado de la palabra.

El derecho a la información como derecho fundamental

El principal problema de la norma, tal y como está planteada, es que no reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental, como explica Anderica. Si el derecho no va acompañado de ese rango, tiene todas las de perder ante una estricta ley de protección de datos (la española es la más exigente del mundo, según Montero) y su ámbito de aplicación se limita a lo que marca la ley: administración general del estado y empresas financiadas con más del 50% de dinero público. El resto queda fuera, empezando por los partidos políticos, pese a que todos intentan abanderar esa transparencia en cada una de sus declaraciones.

¿Y las empresas que reciben dinero público a través de subvenciones o adjudicaciones? Para Guzmán Garmendia, que fue Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra y puso en marcha la única ley de transparencia que existe en toda España, la nueva norma tiene que ser “valiente de partida” e incluir a cualquier empresa que haya recibido un contrato público o que cuente con un solo euro de subvención. La realidad es bien distinta. De hecho, ”nuestro registro mercantil es el que da menos información de toda Europa”, según Montero. “Si pides una beca o una ayuda familiar sólo falta que te reclamen un análisis de sangre. En cambio, la opacidad de las empresas que reciben licitaciones es absoluta”, resume Pérez.

Para que la ley sea efectiva, además, es necesario que a la Agencia Estatal de Transparencia, un órgano cuya creación está implícita en el anteproyecto, se la dote con fondos suficientes y de una independencia real con respeto a los gobiernos de turno para poder llevar a cabo esta tarea. Por el momento, como denuncia Anderica, poco sabemos de esa agencia. Su papel, además de sancionar a las administraciones que no cumplieran con el deber de transparencia, debería ser limitar qué aspectos deben ser públicos y cuáles no por razones como la protección de datos personales o la seguridad del estado, por ejemplo. El problema es que, hasta el momento, es el Gobierno quien decide qué se hace público y qué no.

La petición de información por parte de un ciudadano y, sobre todo, la respuesta administrativa, debe ser rápida, gratuita y sencilla, porque “la información caduca”, argumenta Anderica. Algunas de sus peticiones han tardado años en obtener una respuesta y las más, directamente, no han sido atendidas. En su opinión, ese es el problema principal de la implementación de la ley navarra de transparencia, que nació con muy buen pie pero que en su puesta en práctica está reclamando a los peticionarios requisitos como el poco extendido DNI electrónico o certificado digital, dirección código postal y teléfono.

Otro de los errores de bulto que comete el anteproyecto es que excluye de la mirada pública información auxiliar como borradores, informes, la agenda del Gobierno… Es decir, todo aquello que da forma o sustenta las decisiones políticas. En ese sentido, Vicky Bolaños, de Qué hacen los diputados (un proyecto de vigilancia y exposición pública de la actividad parlamentaria), reclama un registro de lobbys:“Deberíamos saber no sólo los contenidos de los trabajos en comisiones y plenos, sino con quién se reúnen los diputados, qué han hablado y a qué compromisos han llegado”. Y Cabo añade, en la misma línea: “Las decisiones políticas tienen que estar basadas en hechos y esos hechos tienen que ser públicos. No vale con aprobar una ley con unos parámetros, es necesario que haya informes públicos en los que se explique en qué se ha basado el Gobierno, por ejemplo, a la hora de poner en marcha una normativa”.

Para Garmendia, además, el error más grave del redactado actual es que apenas se mencionan términos tecnológicos cuando, a su parecer, “la transparencia está íntimamente ligada a la revolución tecnológica”. Esta omisión no es banal: “Que no se mencionen implica que se está descartando una relación directa con la ciudadanía”.

Una tramitación opaca

La gestación de la norma no hace sino confirmar los peores augurios. Lo primero que hizo el Gobierno fue redactar el anteproyecto. Posteriormente puso en marcha una consulta pública de la que, en contra de cualquier respeto básico por la transparencia que debería postular la norma, no conocimos los resultados. Entonces, se añadieron al redactado sólo las sugerencias que eran acordes al espíritu de la ley. Hace unos días llegaron las aportaciones de los expertos a través de la comisión parlamentaria. Para Garmendia, el proceso debería haber sido justamente el contrario, de arriba a abajo: primero se consulta a expertos y a la sociedad civil y luego se redacta la ley.

Hasta el momento, han participado en la comisión parlamentaria el presidente de la Agencia de Protección de Datos, José Luis Rodríguez; y dos miembros de la organización Transparencia Internacional: Antonio Garrigues Walker y Jesús Lizcano. No se han hecho públicos aún quiénes serán los siguientes comparecientes. Son, para Cabo, unos expertos demasiado “institucionales”. “Han elegido a gente que no representa las demandas que la sociedad civil les ha realizado por muchas vías”, añade Anderica, que critica la opacidad del proceso.

¿Por qué los gobiernos, de cualquier color, siguen poniendo barreras al acceso ciudadano a la información y los datos públicos? Montero considera que es una actitud paternalista que nace de menospreciar a la ciudadanía. Jacobo Elosua, fundador de Civio, está de acuerdo. “Sucede lo mismo que con las Iniciativas Legislativas Populares (ILP), permiten a la gente participar pero no en las cosas importantes”. El problema es que esta actitud está agrandando aún más la distancia y la desconfianza entre los ciudadanos y los gobernantes. “Cuando dejan una zona en la oscuridad te imaginas lo peor”, concluye Cabo.La Marea.